Tras dos semanas de intensas protestas y bloqueos de vías contra el extra activismo, educadores panameños manifestaron que continuarán en las calles y no regresarán a las aulas hasta que no sea derogada la ley del contrato minero.
En un pronunciamiento hecho público este lunes, la Asociación de Profesores (Asoprof) comunicó que continuarán en huelga indefinida hasta que se derogue la Ley 406 que establece el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá.
Según reseñó Telesur, el gremio dejó claro que «ningún docente puede regresar a las escuelas sin acuerdos de finalización de huelga», en momentos en que solo el 30 por ciento de las escuelas del sector público están operando. Un líder de Asoprof, Diógenes Sánchez, manifestó que únicamente sus bases organizativas pueden levantar la huelga.
La posición de Asoprof fue respaldada popr la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) y la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizado (Anadepo).
Este domingo, el Ministerio de Educación anunció que las clases se reanudarían el 7 de noviembre. Según la ministra del sector, Maruja Gorday, «las últimas dos semanas hemos tenido prácticamente un 30 por ciento de escuelas operativas».
La funcionaria precisó que alrededor de 940.000 estudiantes se han afectado. Según medios, el sector público tiene oficialmente registrados 830.181, por lo que la huelga podría haber afectado también a centros privados.
Recordó que al curso escolar solo le restan 29 días hábiles e instó a los docentes a reintegrarse a sus labores. Alrededor de 48.000 educadores forman parte del sector público.
La huelga de docentes comenzó el 23 de octubre pasado como parte de movilizaciones de diversos sectores. Tres días antes, el Gobierno del presidente Laurentino Cortizó firmó el contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.
El documento había sido aprobado durante esa jornada en el Legislativo. A pesar de las masivas protestas y las objeciones respecto al contrato, días después el Parlamento desistió de derogarlo. Ahora el documento fue enviado a la Corte Suprema de Justicia, para que declare si es anticonstitucional.
