La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), dos de las más importantes organizaciones gremiales argentinas, denunciaron la hostilidad del gobierno de Javier Milei a partir de las multas que pretende cobrarles el Ministerio de Seguridad por las marchas obreras de fines de 2023.
Según reseñó Telesur, los recargos, equivalentes a 40 millones de pesos (49.013 dólares), son considerados como una nueva afrenta del Gobierno que pretende camuflar las normas inconstitucionales a tomar. La CTA Autónoma amenazó con elevar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el protocolo rompehuelgas.
Rumbo al paro general del 24 de enero, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó el cobro de la multa a sindicatos y partidos de izquierda. Con el nuevo año, los dirigentes de la CGT y la CTA denunciaron intimidación y persecución gubernamental, advirtiendo que esta medida “no condicionará al movimiento obrero organizado”.
“A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno intimidó a la CTA Autónoma, a la Federación Nacional Territorial, a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a la Conadu Histórica, a organizaciones de otras centrales y movimientos sociales a pagar 56.760.282 y 40.419.227 pesos por participar en las marchas del 22 y 27 de diciembre”, afirmaron.
Según las entidades gremiales, “esas penas o supuestos ‘pagos solidarios’ son actos de persecución e intimidación del Gobierno de Javier Milei”. La normativa que prohíbe los piquetes y cortes de calles es inconstitucional y estas multas son un instrumento complementario que busca criminalizar a los trabajadores y sus luchas.
Pablo Moyano, cotitular de la CGT y adjunto nacional de la Federación de Camioneros, cuestionó la iniciativa gubernamental y confirmó que esto no limitará el accionar de las organizaciones sindicales en defensa de los derechos de los trabajadores y los jubilados.
“Por más que intenten este y otro tipo de maniobras y decisiones, defenderemos a los trabajadores. El tema de fondo es que van por la CGT, que es lo único organizado y unido y, más allá de algunas diferencias, el conjunto rechaza el intento de reforma laboral y de criminalizar la protesta”, sostuvo.
En un comunicado, la CGT reiteró el carácter inconstitucional del protocolo antipiquetes del Poder Ejecutivo Nacional y reivindicó los derechos de los trabajadores reconocidos por el marco legal vigente hasta antes de su lanzamiento. “La CGT no representa los intereses de una ‘casta’ sino de los trabajadores de nuestro país”, especificó.
En este marco, la CTA Autónoma, liderada por Hugo Godoy, Ricardo Peidro y Mariana Mandakovic, realizó presentaciones judiciales contra las “intimidaciones” del Gobierno nacional y presentó una denuncia ante la OIT por la “inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes.
“El Ministerio de Seguridad no tiene autoridad per se para modificarlo y establecer esas penas. La CTA-A rechaza y repudia esa acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder, y avanzará en nuevas denuncias en los organismos internacionales como la OIT, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, a organizarse y al reclamo de los trabajadores”, puntualizaron en un documento oficial.
Desde las organizaciones obreras ratificaron el paro general y la movilización hacia el Congreso del próximo 24 de enero en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la ley ómnibus.
“El presidente Milei pretende gobernar por decreto, ejercer abuso de poder, avasallar al Congreso y arrasar con derechos laborales y sociales del pueblo argentino con el único objetivo de establecer un Estado de sitio de hecho”, concluyó la entidad.
