La fiscalía peruana abrió el lunes una investigación contra Repsol y la dirección de asuntos ambientales del Ministerio de Energía por los presuntos delitos de “facilitación de comisión de delito ambiental y de información inexacta” tras el derrame petrolero de 2022, considerado el peor desastre ambiental del país.
En un comunicado, la fiscalía indicó que la indagación se da ante la demora en la rehabilitación de la zona del derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022 durante una descarga de crudo de un buque italiano, propiedad de la empresa Fratelli d’Amico Armatori hacia una refinería de Repsol, la más grande de Perú. El vertido impactó un área de agua y tierra, algo más grande que la ciudad francesa de París.
Según reseñó APnews, la fiscalía indicó que adoptó la decisión por el retraso “más allá de los plazos razonables” en la aprobación de 18 planes de rehabilitación presentados por Repsol ante el Ministerio de Energía peruano, así como de “información presuntamente inexacta en la presentación” de esos planes por parte de Repsol.
El Ministerio Público no dio detalles de cuántos días de demora van hasta el momento en la aprobación de los planes de rehabilitación ni tampoco ha indicado cuál es la información calificada de inexacta. La AP pidió detalles a la fiscalía y solicitó comentarios a Repsol. No hubo una respuesta inmediata en ambos casos.


