En un suceso que ha conmocionado a la opinión pública colombiana, el senador Miguel Uribe Turbay fue víctima de un ataque armado el pasado sábado en Fontibón, Bogotá.
La esposa del legislador, María Claudia Tarazona, informó a los medios que Uribe fue sometido a una cirugía de emergencia para salvar su vida después de recibir tres disparos. Sin embargo, su estado de salud sigue siendo crítico, según las declaraciones de Tarazona.
A su llegada a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde recibió atención médica prioritaria, se llevó a cabo un procedimiento neuroquirúrgico y vascular periférico. La institución médica emitió un comunicado en el que destacó que todos los protocolos de atención de alta complejidad fueron activados desde el momento en que Uribe ingresó al centro médico.
«Nuestro equipo asistencial y los recursos técnicos de la institución están plenamente dispuestos para brindar el tratamiento necesario con el mayor compromiso, rigurosidad y humanidad», se afirmó en el documento.
El presidente Gustavo Petro convocó un Consejo de Seguridad de urgencia donde enfatizó la importancia de preservar la vida del senador del partido Centro Democrático. En su alocución, instó a la ciudadanía a desear la recuperación del legislador y subrayó que «la primera responsabilidad del presidente de Colombia es cuidar la vida de su propia oposición». Petro también mencionó que no se ha descartado ninguna hipótesis sobre el atentado y reveló que un joven de 15 años es considerado el presunto autor del ataque.
El mandatario condenó la instrumentalización política del atentado, señalando que este tipo de violencia política recuerda los patrones históricos en los que se han utilizado menores para perpetrar actos violentos. Durante su discurso, Petro hizo eco del doloroso legado de violencia política en Colombia y recordó cómo ha afectado a líderes sociales y políticos a lo largo de la historia.
Este ataque se produce en un contexto tenso en Colombia, marcado por el asesinato continuo de líderes firmantes de paz y una crisis humanitaria en regiones afectadas por el conflicto armado.
Además, coincide con movilizaciones nacionales para exigir reformas laborales y el inicio de campañas políticas hacia las elecciones al Congreso y la presidencia programadas para 2026.
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