En una jornada legislativa centrada en la actualización del marco legal económico del país, la Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves en primera discusión tres proyectos de ley fundamentales: la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos y el Plan Básico Legislativo.
1. Impulso al sector energético: La Reforma de la Ley de Hidrocarburos
El diputado Orlando Camacho presentó el proyecto destacando que la reforma responde a la necesidad de atraer capitales en un entorno de transición energética acelerada.
Puntos destacados de la reforma:
Alianza Público-Privada: Facilita el desarrollo conjunto para incrementar la producción volumétrica de crudo. Seguridad Jurídica: Incorpora modelos de negocio derivados de la Ley Constitucional Antibloqueo y establece rutas económicas para campos no desarrollados.
Arbitraje y Mediación: Se incluyen mecanismos independientes para la resolución de conflictos, buscando generar confianza en los inversores internacionales. Enfoque de Sostenibilidad: La ley se alinea con el «trilema energético» (seguridad, equidad y sostenibilidad), buscando que el petróleo siga siendo el motor de desarrollo bajo estándares internacionales.
2. Nueva Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos
Por mayoría calificada, el parlamento también dio luz verde a un nuevo instrumento que sustituirá a la Ley de Precios Justos de 2015. Según el diputado Ramón Lobo, el objetivo es superar un esquema que nació en un contexto de desabastecimiento para pasar a uno que garantice el «desarrollo armónico de la economía».
Innovaciones del proyecto:
Sustituye la Ley de 2015: Se adapta a la dinámica actual, enfocándose en la defensa del salario y el acceso a bienes esenciales. Precios Acordados: Fomenta el diálogo entre el Estado y los agentes económicos para fijar precios que aseguren la rentabilidad del productor y el acceso del pueblo. Nueva Institucionalidad: Se contempla la creación de la Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos y el fortalecimiento de los Comités de Consumidores. Garantía de Producción: Lobo aclaró que la norma no obliga a vender por debajo de los costos de producción, priorizando la sostenibilidad del hecho productivo.
3.Ley de Aceleración y Optimización de Trámites: Enfocada en modernizar la gestión pública y reducir la discrecionalidad administrativa para ofrecer respuestas eficientes al ciudadano.
Próximos pasos
Tras la aprobación de su carácter orgánico, ambos proyectos han sido remitidos a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Allí se elaborarán los informes finales para la segunda discusión, donde se espera la aprobación definitiva artículo por artículo. «Es un paso audaz hacia la modernización del sector energético y la protección real del pueblo venezolano», concluyó la directiva del parlamento.


