En los últimos días, el Gobierno mexicano presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados con el propósito de frenar el empleo de esta tecnología para cometer crímenes, esto después de que se han detectado casos de esta índole en el territorio nacional.
Para ello, se establecen modificaciones en el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como penas de hasta 53 años de prisión.
Según reseñó Sputnik, durante su participación en la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Sandoval aseveró que la mayor parte de los actos perpetrados con materiales explosivos han ocurrido en Jalisco y Michoacán.
«Hemos informado anteriormente sobre el aseguramiento de explosivos, principalmente en Michoacán, que es donde han ocurrido algunos eventos relevantes, que han sido retomados por la prensa nacional. Se lleva un registro de los artefactos de este tipo», agregó.
El titular de Sedena descartó que la iniciativa busque frenar el comercio de drones y reiteró que solo se enfoca en su empleo con fines delictivos.
Entre las modificaciones que se muestran en la iniciativa, está ajustar el artículo 139 del Código Penal Federal, donde se establecería que al utilizar drones para cometer «conductas delictivas», las personas podrían pasar 53 años en prisión.
Una modificación más señala al artículo 163 bis del Código, donde se propone que existan penas entre 10 y 20 años de prisión para quienes manejen esta tecnología con el fin de arrojar explosivos o sustancias químicas que, al contacto con otros materiales, generen daños a la población o los bienes.
En lo que respecta a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se busca incluir a los drones como artilugios exclusivos de uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, primordialmente si se utilizan para transportar, activar y detonar explosivos.
