Este martes se conoció a través de los medios internacionales, que la artista colombiana Shakira sigue conservando una serie de asuntos que la mantienen vinculada con España.
En este caso, cuestiones judiciales por presuntamente haber defraudado a Hacienda en años anteriores.
La cantante está llamada a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de este año por una supuesta evasión fiscal de U$S 16,2 millones, que habría tenido lugar en los ejercicios fiscales de 2012, 2013 y 2014.
Son hechos sobre los que la artista defiende su inocencia. Afirma “haber actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas”, reseñó CNN.
Pero a esta causa se le suma otra investigación por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal en 2018, tal y como notificó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya este pasado mes de julio.
Si bien hasta este martes se desconocía el alcance de esta segunda investigación, CNN pudo acceder al texto de la querella presentado por la Fiscalía provincial de Barcelona en la que acusa a Shakira por defraudar otros US$ 6,4 millones a la Hacienda española.
De este monto, US$ 5,61 millones (5,3 millones de euros) corresponderían a la cantidad no satisfecha por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y US$ 819.000 (773.000 euros) por los rendimientos de la actividad que desarrollaba.
Al residir en España, la Fiscalía entiende que la artista debía tributar la totalidad de su renta mundial sin importar dónde se hubiese producido y cualquiera que fuera la residencia del pagador. Sin embargo, denuncia que la cantante no lo hizo y omitió declarar rendimientos derivando las rentas a una estructura societaria con presencia en “países de baja tributación y alta opacidad”, así como que dedujo gastos que no procedían.
Los delitos contra la Hacienda Pública que motivan la denuncia de la Fiscalía por el ejercicio fiscal de 2018, comprendidos en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal son castigados en España con la pena de prisión de dos a seis años y una multa del doble al séxtuple de la cuota defraudada.
