Desde la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina se inició un programa de achicamiento del Estado con la intención de reducir gastos. A fines de marzo y de junio pasados no se renovaron unos 25.000 contratos, pero la intención del Gobierno es triplicar la cifra.
Según reseñó RT, con ese objetivo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, trabaja en la disolución de unos 60 organismos públicos, procedimiento que se haría por decreto, según medios locales. «Está la decisión política de avanzar, pero no está definido ni el plan de trabajo ni el listado de organismos», indicaron funcionarios de la Casa Rosada al diario La Nación.
Pese a la falta de confirmación oficial, trascendió que entre las dependencias que serán disueltas están el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventud (Injuve). En el caso del Inadi, su cierre fue anunciado en febrero pasado, pero aún no se ha concretado.
Respecto a los plazos, el o los decretos que definan el cierre de organismos deben ser firmados en no más de 12 meses, ya que al aprobarse la Ley Bases se le otorgó al poder Ejecutivo facultades extraordinarias por un año. Estas brindan la posibilidad de «modificar o eliminar competencias o funciones» sin la necesidad de contar con la aprobación del Congreso.
Organismos que no se pueden cerrar
Aunque la Ley Bases enviada por el Ejecutivo al Congreso fue aprobada, sufrió modificaciones que apuntaron a blindar a algunas instituciones para que no puedan ser disueltas.
Entre ellas figuran el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), entre otras.
En cuanto a la reducción de empleados públicos, Milei había ratificado a principios de junio su intención de despedir a al menos 75.000 personas. «En materia de contrato vamos a terminar echando 75.000 personas, ya llevamos 25.000», expresó durante su intervención en el Latam Economic Forum 2024, realizado en Buenos Aires.
