El servicio de mensajería Telegram es investigado por las autoridades indias por actividades ilegales e incluso podría ser prohibido en este país, reportó este lunes el medio indio Moneycontrol.
Según reseñó RT, de acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto, el Gobierno indio está investigando Telegram en medio de una creciente preocupación por su presunto papel en la facilitación de actividades delictivas como la extorsión y los juegos de azar, lo que podría conducir a la prohibición de la aplicación a medida que se revelen nuevos detalles de una investigación que se lleva a cabo por el Centro de Coordinación de Delitos Cibernéticos de la India (I4C) y el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MEITy).
«A la luz de lo que sucedió en Francia [el arresto del jefe de Telegram], el MEITy ha pedido al Ministerio del Interior que verifique las quejas pendientes contra Telegram y qué medidas se puedan tomar», según una fuente citada por The Economic Times, que también afirmó que las preguntas clave son «si hay denuncias» y «si existe una situación similar [a la europea] en la India».
Por su parte, el Gobierno ya ha expresado tener dificultades para abordar problemas vinculados al uso delictivo de Telegram debido a la falta de presencia física de la empresa en el país.
Aun así, en octubre de 2023, el MEITy había emitido avisos a Telegram y algunos otros gestores de redes sociales, ordenándoles que eliminaran el material de abuso sexual infantil de sus plataformas. Sin embargo, a pesar de enfrentar varios desafíos en la India, Telegram ha afirmado que cumple con las leyes nacionales, y por ahora sigue funcionando en el país.
La investigación por parte de las autoridades indias empezó en el marco de la detención y arresto de Pável Dúrov, cofundador y jefe de Telegram.
Según la Fiscalía de París, el empresario de origen ruso es acusado de 12 delitos, incluidos la complicidad en «la administración de una plataforma en línea para permitir una transacción ilícita por parte de una banda organizada», «adquisición, transporte, posesión, oferta o transferencia de drogas», así como «negativa a facilitar, a petición de las autoridades autorizadas, las informaciones o documentos».
