El 7 de agosto de 2025, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, hizo un anuncio que ha desatado una ola de reacciones en América Latina y más allá.
La recompensa por información que facilite el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro se incrementó de 25 a 50 millones de dólares. Bondi acusó a Maduro de ser «uno de los narcotraficantes más grandes del mundo» y de liderar el polémico Cártel de los Soles, vinculado a grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.
La respuesta no se hizo esperar. Yván Gil, canciller venezolano, descalificó la medida enérgicamente, describiéndola como “la cortina de humo más ridícula que hemos visto” y acusando a Estados Unidos de injerencismo. Este sentimiento fue compartido por la Internacional Antifascista, que calificó el anuncio como “un acto hamponil y de terrorismo político”.
Varios líderes latinoamericanos también expresaron su apoyo al mandatario venezolano.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, utilizó su cuenta en X para resaltar la colaboración con Maduro en la lucha contra el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana: “He recibido apoyo de Maduro y el general Padrino para derrotar los grupos narcotraficantes. El apoyo ha sido contundente y debe continuar”, escribió.
Por su parte, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, expresó su rechazo a las acusaciones contra Maduro en la misma plataforma: “El Estado de Honduras rechaza las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro y manifiesta su plena solidaridad con el pueblo de Venezuela”. Castro reafirmó su compromiso con la autodeterminación de los pueblos y el respeto al Derecho internacional.
En una rueda de prensa matutina, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se refirió al tema con cautela: “Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna investigación por parte de México relacionada con eso”, enfatizó.
Este episodio se sitúa dentro del contexto más amplio de la política exterior durante la administración de Donald Trump, que ha sido criticada por intentar desestabilizar gobiernos soberanos que han enfrentado bloqueos económicos y campañas internacionales adversas.
A pesar del clima hostil, el gobierno venezolano continúa defendiendo su compromiso con la justicia social y los principios bolivarianos.
