El jefe de la Estación Policial de la parroquia San Bernardino en Caracas, Jimmy Rodríguez, destacó la importancia de seguir las normativas establecidas para la circulación de motocicletas en Caracas, con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
Desde 2011, se implementó un reglamento nacional que regula el uso de motocicletas y mototaxis, debido a que la Ley de Transporte Terrestre no contemplaba estas figuras. Este reglamento busca fomentar una mayor responsabilidad entre los conductores. Entre las prohibiciones especiales establecidas en el artículo 31 se encuentran:
– No transportar niños menores de 10 años.
– No llevar personas mayores de 60 años.
– No transportar mujeres embarazadas.
Además, tanto el conductor como el pasajero deben utilizar un casco de seguridad semi-integral.
Ante el aumento en los accidentes de tránsito con motorizados en los últimos meses, la Fiscalía General de la República ha lanzado el programa «Conducir por la Vida», cuyo objetivo es reducir estos índices y crear conciencia en la población sobre la seguridad vial.
La Policía de Caracas también está cumpliendo con una Ordenanza de Convivencia Ciudadana que aborda conductas que obstaculizan el libre tránsito peatonal y establece límites sobre el número de pasajeros permitidos en motocicletas. Según esta ordenanza, no se puede llevar más de dos personas.
Rodríguez enfatizó que es fundamental garantizar la protección del niño, niña y adolescente. La Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente es prioritaria y se encuentra por encima de las leyes especiales como la ley de transporte terrestre. Por esta razón, se han tomado medidas correctivas respecto al uso indebido de motocicletas para transportar a menores.
El incumplimiento de estas normativas con respecto al traslado de niños menores de 10 años en motocicleta resultará en la aplicación del artículo 38 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Municipio Libertador. Asimismo, se llevará a cabo una colaboración con el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Fiscalía de Menores para abordar estos casos.
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