El juicio al expresidente neoliberal de Brasil, Jair Bolsonaro y a siete de sus colaboradores más cercanos avanzó en el Supremo Tribunal Federal del país con dos intervenciones clave: la del fiscal general Paulo Gonet y la del magistrado Alexandre de Moraes, relator del caso.
Ambos consolidaron la acusación al sostener que la trama golpista de 2022 fue coordinada, estructurada y con responsabilidades compartidas entre todos los imputados.
El fiscal general Gonet sostuvo que “todos los personajes del proceso son responsables” del intento de revertir los resultados electorales que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva.
Según explicó, las diferencias entre los acusados se limitan al grado de participación de cada uno y, en consecuencia, a la magnitud de las penas que podrían recibir. Para la Fiscalía, los hechos demuestran la existencia de una organización criminal en sentido jurídico, en la que cada acusado cumplió una función concreta.
Por su parte, el magistrado Moraes presentó un informe extenso que recorrió todas las etapas del proceso penal: desde la obtención de pruebas y la apertura de la investigación hasta la aceptación de la denuncia y las declaraciones de los imputados.
El magistrado subrayó que el debido proceso fue respetado en su totalidad y rechazó los cuestionamientos de la defensa, en particular los que ponían en duda la competencia del Supremo para juzgar a los acusados y la validez del acuerdo de colaboración de Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro.
