Seis expolicías estadounidenses de Mississippi se declararon culpables este jueves de delitos graves derivados de la tortura y el abuso físico contra dos residentes afroamericanos del condado de Rankin.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., comparecieron ante el tribunal federal cinco exmiembros de la Oficina del Sheriff del condado de Rankin y un exmiembro del Departamento de Policía de Richland.
Según reseñó Telesur, los acusados admitieron que el pasado 24 de enero, sin orden judicial ni circunstancias apremiantes, irrumpieron en una casa en Braxton, condado de Rankin, Mississippi, donde residían dos hombres negros identificados como Michael Corey Jenkins y Eddie Terrell Parker.
De acuerdo con las fuentes oficiales, los expolicías “esposaron y arrestaron a los hombres sin causa probable para creer que habían cometido algún delito, los llamaron insultos raciales y les advirtieron que se mantuvieran fuera del condado de Rankin”.
Asimismo, la nota señala que golpearon y patearon a las víctimas, a quienes electrocutaron 17 veces, los obligaron a ingerir líquidos y los agredieron con un objeto sexual.
Además, Jenkins recibió un disparo luego de que un expolicía le introdujera una pistola en la boca. El proyectil laceró la lengua, rompió la mandíbula y salió por el cuello del hombre, a quien los expolicías no proporcionaron asistencia médica.
A su vez, configuraron una historia de tapadera falsa y para ello, le colocaron un arma a la víctima, destruyeron videos de vigilancia, enviaron evidencia falsa de drogas al laboratorio criminalístico, presentaron informes falsos, acusaron a Jenkins de delitos que no cometió y obligaron a los agredidos a hacer declaraciones falsas a los investigadores.
“Ningún ser humano debería ser sometido al tipo de actos de violencia tortuosos, traumáticos y horribles que llevaron a cabo estos agentes del orden público”, afirmó la Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Kristen Clarke.
“El impacto físico y emocional de sus crímenes fue el resultado de un curso de conducta calculado, deliberado y atroz que requirió una respuesta significativa de las autoridades. El Departamento de Justicia continuará investigando y enjuiciando a los agentes del orden público que violen la confianza del público al abusar del poder que se les otorga en virtud de su cargo”, añadió.
