Este lunes se conoció que la Policía Nacional de España desarticuló a una red criminal en la ciudad de Valladolid, que explotaba sexualmente a mujeres, principalmente latinoamericanas, a las que dominaban con santería.
Según recoge Diario de Valladolid, mediante la ‘Operación Cabila’, los uniformados liberaron a 13 víctimas, entre ellas nueve paraguayas, dos argentinas y una española, de entre 19 y 26 años, que eran obligadas a prostituirse en régimen de semiesclavitud en seis viviendas de la urbe.
Asimismo, fueron arrestadas ocho personas, seis de nacionalidad paraguaya y pertenecientes a un clan familiar, más otras dos de origen peruano, señalados de integrar la organización criminal y acusados del delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
El control
La inspectora del Grupo de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, Rocío Rodríguez García, comentó, en conferencia de prensa, que los acusados sometían a sus víctimas a través de ritos de santería, y, en concreto, con la figura mexicana de la Santa Muerte.
Rodríguez detalló que los rituales de santería eran ejecutados por la hija mayor de la matriarca del clan. «Las víctimas la tenían grabada en el móvil (celular) como la Santa Muerte. Le tenían bastante miedo e instalaba altares en todos los pisos con distintas ofrendas acerca de las figuras de la Santa Muerte con el objetivo de intimidarlas. Hay víctimas que al principio eran escépticas, pero acabaron creyendo en la amenaza de la santería», explicó.
«En España nos puede sonar raro, pero las afectadas creen en estos rituales, por lo que la amenaza de practicar la santería contra ellas funcionaba», agregó.
La desarticulación de esta red criminal se dio tras un año de investigación, que se inició luego de que una de las víctimas declarara a las autoridades lo que sucedía. Durante las pesquisas se determinó que algunas de las mujeres habían sido captadas en otros puntos de España —como el caso de la denunciante— y otras en sus países de origen.
El control sobre las víctimas también era ejercido mediante la imposición de deudas por la financiación de su viaje hasta España. También, durante los primeros meses tras la captación, las afectadas eran alojadas en una vivienda controlada por la nuera de la matriarca, que permitía solo breves salidas del domicilio para comprar víveres y productos de primera necesidad.
Asimismo, se descubrió que en las viviendas donde se realizaba la explotación sexual también se vendía sustancias estupefacientes a los clientes.
