En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller Yván Gil, denunció las medidas coercitivas unilaterales que afectan gravemente la vida y el bienestar de los pueblos.
Durante su intervención, subrayó que estas acciones no solo son criminales, sino que también impiden el acceso a servicios esenciales como la atención sanitaria y medicamentos.
“Las restricciones impuestas limitan el acceso a suministros médicos y equipos vitales, así como al desarrollo y suministro de vacunas”, afirmó el diplomático. Estas medidas, señaló Gil, han generado serios impedimentos para la gestión de enfermedades y han obstaculizado tratamientos para condiciones críticas, incluyendo enfermedades raras y no transmisibles.
Destacó que aquellos países que se presentan como defensores de los derechos humanos son los mismos que imponen estas medidas, lo que obstaculiza la cooperación internacional y limita la capacidad de los Estados afectados para acceder a inversiones y tecnologías necesarias.
Asimismo, el canciller advirtió que estas agresiones también afectan la adquisición de bienes y servicios esenciales para abordar desafíos en materia de gestión climática, poniendo en riesgo el futuro de las comunidades vulnerables.
“Es hora de que la comunidad internacional tome conciencia sobre el impacto devastador de estas medidas”, concluyó.
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