Este lunes, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, en rueda de prensa desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas, realizó un avance informativo con elementos de convicción relacionados con el caso Brazalete Blanco; que vincula a Rocío San Miguel con actividades que nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos.
Señaló que se ha venido avanzando para informar sobre la participación de militares retirados en el caso Brazalete Blanco; en el marco de la conspiración continuada iniciada hace ya varios años.
“Debemos recordar de qué se trataba la operación Brazalete Blanco, los involucrados planificaron un ataque contra la 21º Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y el Batallón Negro Primero; ambos ubicados en Táchira, para hacerse con el parque de armas de este cuerpo, y luego atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal y posteriormente iniciar una escalada de actos terroristas hasta atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro”, reseñó.
Destacó que los ejecutores habían calculado que el parque de armas que iban a capturar consistía en 482 fusiles AK-103, 51 pistolas y 10 escopetas: “En este caso, como informamos en su momento, fue clave la detención del exmilitar y terrorista Anyelo Heredia, que ha permitido develar quiénes estaban involucrados. Él fue detenido por intentar volar con explosivos la sede del Sebin. Una vez en la cárcel, se fugó en 2017. Luego de aparecer como refugiado en EE.UU., apareció lanzando ofensas contra autoridades del Estado. Ingresó a Venezuela para iniciar la escalada”.
Aseguró que por este caso han sido privadas de libertad 15 personas; y otras 4 tienen medida cautelar. Además, hay 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar.
Afirmó que al momento de detener a Anyelo Heredia, las pesquisas encontraron que entre sus contactos telefónicos se encontraba Rocío San Miguel: “Eso ya fue un indicio de lo que encontraríamos después. ¿Por qué aparece como contacto telefónico de un terrorista? Entre los primeros detenidos por este caso, estuvo el oficial Guillermo Enrique César Siero, en cuya residencia se encontró un documento militar conocido como «orden de operación». Donde se especificaban todas las acciones que se iban a desarrollar en la operación Brazalete Blanco y sus responsables; en la que aparece explícitamente Rocío San Miguel como responsable de algunas actividades”.
El Fiscal leyó textualmente lo que se indica en la página 3; en la denominada 2da fase de la operación se dice en el punto 4: “Inmediatamente después de haber tomado y asegurado las instalaciones (…)».
“(…) realizar los enlaces necesarios con los medios de comunicación digital aliados de Rocío San Miguel…”
Luego, en el mismo documento en su apartado ‘Tareas de oficiales aliados a la Operación (pág. 5)’ se enumeran las obligaciones de 7 funcionarios militares, y como 8va persona con tareas asignadas aparece Rocío San Miguel, de quien se dice que: “Será la encargada de coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación”.
“Crear una afinidad comunicacional con la población militar a fin de lograr el apoyo”
“Coordinar con organismos internacionales para a través de la ONG Control Ciudadano asegurar los derechos humanos de todos los militares patriotas (…) involucrados en la operación”. Promover ante la Cruz Roja Internacional para evitar ataques aéreos o bombardeos, en contra de los integrantes de la operación”.
“Nadie podrá decir que, a partir de ahí, el Estado venezolano no podía comenzar una investigación. Por eso se actuó en consecuencia. ¿El Estado debe bajar la guardia y dejar que ocurran estas operaciones para bañar de sangre al país?”, expresó el funcionario.
Expresó: ¿Qué pasaría en Estados Unidos, en España o en uno de los países del extinto grupo de Lima? Es delicado tener una ONG como fachada para quienes practiquen acciones terroristas. ¿Es Rocío San Miguel una defensora de derechos humanos?.
Afirmó que por lo tanto, absolutamente incompatible el hecho de ser defensor de derechos humanos y tomar parte de un plan para asaltar cuarteles, secuestrar autoridades e iniciar una escalada subversiva con su consecuencia de muertes y violencia.
Explicó que la señora Rocío San Miguel fungía como espía, a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones en contra de la soberanía nacional: “Pero debo decir que las pesquisas han continuado, y hemos encontrado suficientes indicios para considerar que la señora Rocío San Miguel está lejos del perfil de una defensora de los derechos humanos”.
Asimismo, destacó que tras la realización de un allanamiento con orden judicial a su residencia, en presencia de fiscales y familiares de Rocío San Miguel que verificaron la legalidad del procedimiento; se han conseguido evidencias que la vinculan con otro tipo de actividades.
“En su poder se consiguieron 18 mapas cartográficos en los cuales se han demarcado numerosas instalaciones militares con sus respectivas zonas de seguridad en todo el país. Hemos dispuesto aquí uno de ellos, junto al resto de la evidencia. Explíquenme ustedes por qué tiene usted estos mapas con coordenadas. Esto debió tener colaboración militar”, dijo.
En desarrollo…
