La plenaria de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas fue el escenario para que Venezuela y Guyana expusieran sus contrapuestas visiones sobre la Guayana Esequiba.
Por un lado, la presidenta Delcy Rodríguez reafirmó los derechos inalienables del país, exigiendo retomar la negociación bilateral que ordena el Acuerdo de Ginebra de 1966; por el otro, el mandatario guyanés, Irfaan Ali, defendió el írrito Laudo de 1899 y exhortó a acatar el futuro fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El instrumento legal
Venezuela exige volver a las negociaciones tal como lo ordena el Acuerdo de Ginebra de 1966. Guyana, por su parte, se respalda en el laudo arbitral de 1899. Esta diferencia evidencia que Georgetown intenta legitimar el Laudo de 1899, mientras Venezuela exige el cumplimiento del tratado vigente que reconoce el diferendo y obliga a buscar una solución práctica.
Dos métodos opuestos
Venezuela sostiene que los acuerdos que más perduran provienen de negociaciones bilaterales por encima de organismos externos. En contraste, Guyana exhorta a cumplir el próximo fallo de la CIJ de acuerdo con sus obligaciones, delegando la situación en un tribunal cuya jurisdicción Caracas no reconoce para este caso.
Venezuela reafirma sus históricos derechos sobre el territorio y la necesidad del diálogo directo. Por su parte, Guyana habla en el foro multilateral de «provocaciones y agresiones repetidas y durante mucho tiempo», proyectando una imagen de vulnerabilidad para buscar respaldo externo.
El futuro de la relación bilateral entre ambos países
Caracas plantea que la paz y los acuerdos duraderos solo nacen del entendimiento genuino entre los Estados, sin imposiciones de terceros. Entre tanto, Georgetown condiciona la estabilidad regional y «una nueva era de relaciones de vecindad» a que Venezuela acate lo que dicte la CIJ.
El contraste evidencia dos estrategias claras: Venezuela defiende la soberanía mediante la diplomacia directa y el derecho histórico; Guyana busca que un tribunal externo legitime un despojo territorial, evadiendo sentarse a negociar. El recurso de Guyana ante la CIJ ignora que el Acuerdo de Ginebra fue firmado precisamente porque se demostró el fraude del Laudo de 1899. Acudir a una corte para validar un despojo cuestionado no borra la historia, pues el reclamo venezolano se apoya en bases jurídicas, cartográficas e históricas.
