El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este martes que está en marcha un proceso para deponerlo. «Ha comenzado el golpe de Estado», escribió en su cuenta de X.
Según reseñó RT, su comentario se produjo a minutos de que el Consejo Nacional Electoral acordara el inicio de una investigación y la apertura de un pliego de cargos en su contra, que se extiende a de tres miembros de su campaña, en razón de su aparente responsabilidad en la violación de los topes establecidos para la liza de 2022, según reseña El Tiempo.
Además del mandatario, el ente comicial acordó investigar a su entonces jefe de campaña, Ricardo Roa Barragán; a la tesorera de campaña, María Lucy Soto Caro; al auditor Juan Carlos Lemus Gómez, y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
Los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, ambos vinculados con partidos de la oposición, consignaron en mayo pasado una ponencia en la que se refieren presuntas violaciones a los topes electorales superiores a los 5.355 millones de pesos (cerca de 1,2 millones de dólares).
Los señalamientos se basarían en fondos no declarados, que abarcan desde donaciones y el pago a testigos electorales, hasta el pago de traslados aéreos y el alquiler de espacios usados para actos proselitistas.
Golpe en ciernes
A mediados del pasado septiembre, Petro denunció que desde el CNE se pretendía desaforarlo, pues esa entidad del Estado carece de competencias constitucionales para investigarlo. «Permitir el desafuero constitucional es iniciar un golpe de Estado», dijo entonces.
A estos señalamientos agregó que sus adversarios políticos, en contubernio con «la mafia» –el narcotráfico–, tramaban expulsarlo del poder en un lapso de tres meses por medio de un magnicidio o de una destitución irregular.
